30 años del caso Maria Soledad Morales.

En la noche del viernes 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, quien por entonces cursaba 5.º año de la secundaria, asistió a la discoteca Le Feu Rouge, en donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso en el Colegio del Carmen y San José. Sus padres le habían dado permiso de quedarse a dormir en la casa de una compañera suya, y María Soledad les dijo que volvería alrededor de las 16 horas del siguiente día, pero no fue así. En la madrugada del 8 de septiembre, entre las 03:00 y 03:30, Luis Tula, un individuo maduro que –según relatos de compañeros-– era su novio, la recogió en la discoteca donde se celebraba la fiesta de su promoción de bachilleres y la invitó a otra discoteca llamada «Clivus». Allí la presentó con otros individuos, hijos de funcionarios políticos y policiales de la provincia, entre los que se encontraba Guillermo Luque y de acuerdo con testimonios de empleados de la discoteca, salió de allí «obnubilada», acompañada de varios hombres que la subieron a un vehículo. Nunca más sería vista con vida.

A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38), el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada. La escena del hallazgo fue alterada, manipulada por tres individuos vistos por un colectivero. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores violadores y asesinos. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas ya que su cuerpo estaba totalmente desfigurado, con la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, le faltaba cuero cabelludo, las orejas y un ojo.

Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra ―padre de uno de los asesinos―, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran, borrando huellas y señales de modo irrecuperable.

Los primeros rumores del pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios, a quienes coloquialmente se los llamaba «los hijos del poder». Los medios de comunicación difundieron que en el crimen eran sospechosos los jóvenes Guillermo Luque (hijo del diputado nacional Ángel Luque), Pablo y Diego Jalil (sobrinos del intendente José Jalil) y Miguel Ángel Ferreyra (hijo del jefe de policía provincial).

Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente.

En esas condiciones, Ángel Luque ―diputado nacional por Catamarca y padre de Guillermo Luque―, declaró que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo entonces del presidente Carlos Meneminterviniera primero el poder judicial de la provincia, luego el poder legislativo, y finalmente el poder ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia y aliado de Menem.

El interventor enviado por Carlos Menem fue Luis Prol.

El presidente Carlos Menem ordenó la intervención federal a la provincia, y para aclarar los hechos envió al exsubcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Luis Patti ―represor en cadena perpetua desde el 14 de abril de 2011 por crímenes de lesa humanidad―, que también demostró falta de voluntad en la resolución del caso, y abierta complicidad con los acusados.

Sólo dos personas fueron condenadas por «violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes», aunque se estima que participaron más hombres en el crimen. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión y Luis Tula a nueve años. Hoy gozan de libertad.

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